Constitución y responsabilidad Estatal (derecho administrativo) son términos bastante cercanos, no sólo porque coinciden en los aspectos más determinantes de su evolución y conso-lidación, sino también porque ambos dialogan constantemente y se nutren recíprocamente. En efecto, el papel activo que empezó a tener la administración pública hacia finales del S iglo XVIII condujo a la necesidad de establecer unos límites al ejercicio del poder y a la idea de que este último debía someterse al derecho. Adicionalmente, el respeto a los Derechos Fundamentales pasó a ser una exigencia para las autoridades estatales y un límite para sus actuaciones. Con el surgimiento de las constituciones modernas y con el paso del Estado irresponsable al Estado responsable, la responsabilidad de la administración pública se convierte cada vez más en un importante y efectivo mecanismo para controlar y limitar el ejercicio del poder y garantizar mate -rialmente los derechos fundamentales y la supremacía del texto constitucional, circunstancia que también se aprecia en el contexto de una Constitución democrática -como la colombiana de 1991-, en la que la responsabilidad del Estado contribuye, además, al respeto y al cumplimiento de la voluntad popular expresada en la Carta Política.