Abstract

El contrato de investigación y desarrollo es un contrato del sector público típico recogido como tal en el anexo II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (TRLCSP, en lo sucesivo) como una categoría de contrato de servicios, y por tanto, incluido en su ámbito objetivo de aplicación. No obstante, esta afirmación que a priori parece simple está plagada de matices y excepciones a lo largo del articulado que hacen del contrato de I + D uno de los de más compleja regulación y, por tanto, proclive a generar confusión y consecuentemente grandes dosis de inseguridad jurídica.
 En el presente artículo se analizan las diferentes figuras de contratos de I + D mencionados en el texto refundido, realizándose una primera delimitación elemental de contratos excluidos y contratos incluidos de la ley, para analizar a continuación los elementos diferenciadores de cada una de las categorías que resultará fundamental para establecer las normas y procedimiento a seguir en lo relativo a la publicidad de la licitación y a la forma de adjudicar el contrato.

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