Abstract
Este trabajo analiza la figura del directivo público profesional, recientemente desarrollada por algunas Comunidades Autónomas a partir de las previsiones del Estatuto básico del empleado público, confrontando críticamente la fragmentada regulación autonómica de la figura con las claves del Estatuto del directivo profesional que se infieren del Derecho comparado y de las recomendaciones de la OCDE, que igualmente se analizan y de las que nuestro país está en general bastante alejado.
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