Abstract

La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba los sistemas educativos. Este artículo trata del caso francés, en el que tuvo lugar un confinamiento de dos meses, seguido de una reanudación muy parcial y selectiva del curso antes del verano, que no llegó a funcionar de nuevo realmente hasta septiembre, en condiciones sin precedentes. Muestra que lejos de ser un paréntesis excepcional, la crisis sanitaria fue utilizada por el gobierno para tratar de imponer cambios estructurales. Estas conclusiones se derivan de un análisis de las lógicas que estaban previamente en marcha en los proyectos de reforma de la enseñanza francesa, lo que permite distinguir entre las respuestas puntuales a una situación excepcional de los intentos de instrumentalizar la pandemia. De este modo, las tentativas del Gobierno suponen una renuncia a la igualdad y a la democratización escolar, pues reducen los contenidos que se enseñan a todo el alumnado y derivan a las familias la responsabilidad y la financiación de disciplinas enteras y de contenidos de otras asignaturas, mediante el desarrollo de la educación a distancia y la transferencia al sector privado y a las autoridades locales de contenidos que finalmente no se incluirían en los planes de estudios nacionales. Estas políticas de repliegue público y de competencia entre el alumnado se derivan de lógicas que ya están en funcionamiento, dado que el sistema educativo francés ha sido objeto hasta ahora de un compromiso inestable entre lógicas de selección social y lógicas de democratización de los estudios.

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