Los procesos económicos globales han agravado los problemas, conflictos y tensiones derivados del uso del agua dulce a escala global, estatal, regional y local. En la época contemporánea, la aceleración derivada de la industrialización y la urbanización ha aumentado el consumo del agua y las infraestructuras artificiales para su utilización. Hoy, el capitalismo de mercado global se ha ido apropiando de los recursos naturales y en el uso del agua predominan los intereses privados. Al mismo tiempo, la degradación medioambiental obliga a intentar compatibilizar el consumo humano y económico con el respeto hacia la naturaleza. En la legislación vigente, en áreas como la Unión Europea, ya se da prioridad a la conservación del medio ambiente sobre la utilización incontrolada del agua como recurso productivo, sobre todo a partir de la aprobación de la Directiva Marco del Agua en 2000. Sin embargo, la política hidráulica española se ha centrado en el agua como bien económico. Con esta premisa se construyeron infraestructuras como el trasvase Tajo-Segura. Actualmente, España, como miembro de la UE, debe adaptarse a la DMA y esto genera un tensa relación internacional-nacional-regional por la gestión pública del trasvase. El artículo se centra en esta cuestión. Se aplicará una metodología deductiva y basada en un análisis teórico crítico a partir del estudio bibliográfico y de la normativa vigente, del apoyo en datos cuantitativos y de las reflexiones de los autores. Se concluye que el trasvase no se ajusta a la sostenibilidad ambiental y ecológica que proclama la DMA, sino que sigue respondiendo a la necesidad de satisfacer la demanda de la cuenca receptora. Además, en periodos de sequía se permite el mercado de cesión de agua de la cuenca cedente a la receptora entre particulares, ignorando el impacto ecológico derivado y superponiendo los intereses económicos. La prioridad debería ser satisfacer la demanda de agua dulce como necesidad de abastecimiento para toda la población y evitar los impactos al medio ambiente. Sin embargo, es evidente que las autoridades públicas están principalmente preocupadas por satisfacer las demandas de agua que tienen que ver con la producción económica aun a sabiendas de no cumplir plenamente con la legislación europea. La contribución resultará de interés a nivel científico y social y se une al debate actual en torno a las políticas de agua dulce en las dinámicas globales.