Abstract
La legislación agroambiental de la Unión Europea especifica que cada estado miembro puede determinar sus propias normas, definir estándares y designar áreas. Un resultado de esta flexibilidad es que cada Estado Miembro puede adaptar y completar la regulación básica. Ello ha producido que el modelo de implantación de las medidas agroambientales en cada país responda a intereses de distintos actores sociales. El desarrollo de la política agroambiental en España responde a las directrices de la UE y al juego de intereses de la CCAA. Con antelación a la regulación agroambiental, la experiencia española en normativa agroambiental prácticamente era inexistente. De las medidas de acompañamiento de la nueva PAC de 1992, los agroambientales son las últimas en verse introducidas en España. A nivel nacional el programa agroambiental nacional sólo utiliza dos de las siete medidas mencionadas en la regulación de la UE. Las otras cinco medidas de la regulación 2078/92 quedan recogidas en los programas regionales y son aplicadas en áreas geográficas específicas. En términos de énfasis vertical y horizontal, España queda a medio camino en el proceso de implantación de medidas agroambientales. El programa nacional toma carta de naturaleza en 1995. Pero las medidas regionales se ha desarrollado de forma desigual. Sólo seis de los 66 programas aprobados han sido desarrollados e implantados a finales de 1998. A nivel local la efectividad de las medidas regionales es reducida debido a factores relativos a la propia confección de los programas (falta de coordinación política, competencia financiera con otras medidas de la PAC) y debido a factores actitudinales (escepticismo de los agricultores y de la propia administración para su implantación).
Highlights
This give rise to very different interests being expresed by different social actors
PALABRAS CLAVES: Política agroambiental, toma de decisión, agricultores, niveles de decisión, actores sociales, España
Summary
Desde mediados de los años ochenta, la agricultura europea adopta una orientación más ambiental en la que influyen, además de problemas ecológicos y presupuestarios, una serie de transformaciones de tipo so cioeconómico, demográfico y de actitudes ambientales de la pobla ción (Ilbery, 1992) 1. De esta forma en cada escala o nivel de adopción de decisiones sobre la política agroambiental (nacional, regional y local o de implantación) es factible reordenar y reorientar las prioridades sobre la regulación agroambiental de acuerdo a la percepción de cómo afectan a los intereses de cada actor social dentro del contexto decisional en el que se desenvuelve. Este artículo pretende explorar los discursos y estrategias de distintos actores con influencia en la adopción de decisiones en el desarrollo de la política agroambiental a diversas escalas o niveles (nacional, regional y local o de implantación) en el contexto del proceso de toma de decisión e implantación de la regulación agroambiental en España. El perfil del grupo es de agricultores con y sin contrato agroambiental; orientación productiva tradicional y moderna; propietarios entre 40 y 60 años; tamaño de las explotaciones medio-alto (alrededor de las 100 ha); con y sin formación agraria especializada. Se calcula que en el área vive el 54% de la población de avutardas de España y el 26% de la mundial (Programa, 1992)
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