Abstract
El objetivo de este artículo es plantear una política pública destinada a garantizar un uso adecuado de las medidas cautelares, las unidades de servicios previos al juicio. Estas estructuras administrativas, por un lado, potencian la aplicación de las salidas alternativas a la prisión preventiva, así como, por otro, se ocupan de que su aplicación no sea sinónimo de impunidad e inseguridad. Esta estrategia enfrenta dos problemas centrales de la justicia tradicional, la ausencia de un diagnóstico adecuado para escoger la opción cautelar más adecuada, datos del arraigo social, y el seguimiento al régimen impuesto. La ventaja práctica es que esta propuesta se fundamenta en una metodología probada en el contexto internacional, en el Ecuador y recomendada como una buena práctica por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, en Latinoamérica las distintas experiencias cuyos resultados fueron medidos revelan que la aplicación de esta estrategia en diversos momentos alcanzó una efectividad sin precedentes para potenciar medidas sustitutivas y para conseguir la presentación de las personas al juicio. Inclusive, en un momento en el que la prensa y la ciudadanía ejercen presiones para aumentar el encarcelamiento provisional son una respuesta válida, pues el informe emitido transparenta las causas de la resolución judicial adoptada.
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