Abstract

Luego de siete años de vigencia de la Ley de Víctimas, es oportuno observar sus resultados a fin de establecer si esta ley, más que un ideal jurídico, ha sido un mecanismo efectivo para reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado en los municipios del sur del departamento del Huila. La subregión sur del Huila históricamente ha sido fuertemente golpeada por la violencia generada como consecuencia del conflicto. Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), en los municipios de la subregión sur del Huila existen 64 542 víctimas, las cuales equivalen aproximadamente al 21 % de la población estimada por el DANE para 2018. Sin embargo, a juzgar por las cifras que ofrece la Unidad para las Víctimas, los resultados en la aplicación de las medidas de reparación integral en esta zona del país son minúsculos. Por una parte, solo el 10 % —aproximadamente— del total de las víctimas han sido beneficiadas con las medidas previstas en la ley, y por otra parte, aunque un número relativamente menor de víctimas del conflicto ha sido beneficiado con parte de tales medidas, estas, al ser otorgadas de manera aislada y enfocadas al aspecto monetario, se encuentran lejos de proporcionar una verdadera reparación integral transformadora, como lo supone un mecanismo de justicia transicional como la Ley 1448 de 2011.

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