Abstract

El 18 de junio de 2008, se reformó mediante decreto constitucional el sistema de justicia penal mexicano, que entró en vigor íntegramente en el año 2016, y que transitó de un modelo mixto con tendencia inquisitiva, a uno mixto con tendencia acusatoria; cuya base radica en un garantismo que tiene como objeto hacer cumplir los principios y derechos consagrados en la constitución, así como en los tratados internacionales aplicables; sin embargo, la óptica del presente estudio, será analizar la reparación integral del daño a la que tiene derecho la víctima como parte de sus derechos fundamentales, como consecuencia del delito y su correspondiente ejecución penal; para ello se abordaran las políticas públicas y los mecanismos que el propio Estado ha diseñado para garantizar su cumplimiento y efectividad, no solo por parte del sujeto que delinque, sino incluso del propio Estado, tratándose de casos específicos como homicidios, delitos sexuales, trata de personas, secuestro y víctimas pertenecientes a grupos vulnerables; a través de la interpretación sistemática de las normas en la materia, la jurisprudencia y del estudio de casos que han sentado precedentes en nuestro país.

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