Abstract

El acceso a la información pública es ampliamente reconocido como un derecho básico en toda democracia. Sin embargo, convive con instaladas prácticas de secretismo, ya que asiduamente los gobiernos ocultan información para proteger la seguridad, la defensa nacional o sus relaciones de política exterior. Las políticas de transparencia sancionadas en los últimos años buscan conciliar ambos extremos: los derechos fundamentales sin avanzar sobre actividades de gobierno de las que depende la unidad estatal. En este artículo evaluamos comparativamente algunas reformas sobre el tema implementadas en países de Latinoamérica en los últimos diez años, tomando como punto de partida las recomendaciones y documentos emitidos por organismos internacionales y, fundamentalmente, los Principios de Tshwane acordados en 2013.

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