Abstract
El trabajo aborda la regulación procesal en el derecho chileno de la prueba ilícita, que comenzó a desarrollarse en la legislación, en la doctrina y en la jurisprudencia desde la reforma procesal penal del año 2000. Dicha regulación parte de la base del respeto pleno de los derechos fundamentales de los justiciables en todo el íter procesal. Señalado lo anterior, se debe señalar que el trabajo intenta contestar tres preguntas principales relacionadas con la prueba ilícita: 1. ¿Tiene aplicación en todo tipo de procesos? 2. ¿Solo el Estado puede ser un agente conculcador de los derechos fundamentales o también pueden serlo los particulares? 3. ¿En qué momento o etapa procesal se puede hacer valer la prueba ilícita?
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