Abstract
La judicialización de las políticas públicas implica, básicamente, una reacción judicial cuando los actores “perjudicados” de su diseño e implementación consideran que sus derechos no están efectivamente garantizados por el poder ejecutivo o legislativo. Su introducción en el ciclo de las políticas públicas hace que el poder judicial adquiera una importante capacidad de interferencia e incidencia significativa en su reformulación. El objetivo principal de este trabajo es analizar la judicialización de las políticas turísticas. Para ello, nos basamos en una investigación empírica realizada bajo la metodología de estudio de caso sobre la judicialización de la política de moratoria turística implementada en el destino Islas Canarias (España). Entre los resultados obtenidos destacamos que la judicialización supone la utilización de mecanismos legales por parte de los actores “perjudicados” de las decisiones judiciales, administrativas o legislativas (hard law) sobre la que suele sustentarse las políticas públicas turísticas. Asimismo, se produce cuando existen fallos en el proceso de formulación de tales políticas públicas. Del mismo modo, constituye un ejercicio de intrusión de los tribunales de justicia en un terreno reservado a los poderes ejecutivo y legislativo, con la consiguiente tensión entre política y justicia; ello supone un desplazamiento de protagonismo desde el poder legislativo al judicial, a la vez que una pérdida de centralidad de la autoridad legislativa, cuyo ejercicio y poder quedan limitados y regulados.
Highlights
by their design and implementation consider that their rights are
Its introduction into the cycle of public policies means that the judiciary acquires considerable capacity for interference
The main objective of this research is to analyze the judicialization of tourism policies
Summary
The judicialization of public policies basically implies a judicial reaction when the agents who have been “wronged” by their design and implementation consider that their rights are not effectively guaranteed by the executive or legislative power. We can highlight that judicialization involves the use of legal mechanisms by the parties “harmed” by the hard law on which public tourism policies are usually based. It occurs when there are failures in the process of formulating such public policies. Por ello el éxito de cualquier política turística se sustenta en la colaboración, negociación, consenso y compromiso entre los actores públicos y privados. Aquella parte interesada que no puede intervenir en el proceso de toma de decisiones para “hacer valer” sus intereses, al carecer del poder necesario. Ello crea un escenario de rivalidad, confrontación, incompatibilidad o disfuncionalidad entre
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