Abstract

Tras de un siglo de mantener la justicia tripartita como dogma jurídico en el Derecho del Trabajo, el Estado mexicano se aleja de él optando, en base a los resultados obtenidos en los «Diálogos por la Justicia Cotidiana», por cambiar de operador en materia de justicia, traspasando tan delicada función al Poder Judicial Federal y Locales en sus respectivas competencias y condenando a desaparecer a las Juntas de Conciliación y Arbitraje dependientes del Poder Ejecutivo, quitando así todo tinte político en la resolución de los conflictos laborales. Este cambio radical, el más trascendente en un siglo de existencia del mítico artículo 123 de nuestra Constitución Política Federal, tendrá muchos problemas en su instrumentación legal, al punto que ya se venció el plazo fijado para ello en el Decreto de reforma publicado el 24 de febrero de 2017.

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