La academia frente a las necesidades y demandas de las organizaciones sociales

Abstract

En este primer semestre de 2017, el país ha experimentado una serie de conflictos de orden laboral y social en los que han sido protagonistas trabajadores del Estado, de entidades como el Ministerio de Trabajo, profesores al servicio de la educación pública, jueces, fiscales y empleados de la rama judicial. A la par, los habitantes del departamento del Chocó y del distrito de Buenaventura se vieron obligados a recurrir a un paro cívico para lograr del Gobierno Nacional compromisos claros en materia de inversión pública que permitieran superar el evidente rezago que padecen en materia de infraestructura vial, salud, educación saneamiento básico y agua potable. Los sectores de trabajadores en conflicto y las comunidades movilizadas habían presentado, con debida antelación, los respectivos petitorios para que las autoridades competentes, especialmente nacionales, atendieran los reclamos, presentaran alternativas de solución acordes a los requerimientos planteados. Llama especialmente la atención el cese de actividades por parte de los docentes en el país que mantuvo paralizado por algo más de un mes el servicio educativo público. Su pliego de peticiones relacionaba varios puntos que tienen que ver con la calidad del servicio de salud que se les presta, las condiciones para la jornada única escolar, la nivelación salarial acordada anteriormente y, en particular, la fórmula para financiar la educación pública y con ello la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que creó el Acto Legislativo 01 de 2001 reglamentado mediante la Ley 715 de 2001 y que permite establecer el monto de los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales (departamentos, distritos. Municipios certificados) para sufragar los gastos en salud, educación, saneamiento básico y agua potable.