Abstract

Este artículo revisa aspectos que son motivo de controversia judicial y que requieren ser tratados por el legislador de manera concreta para limitar las generalidades que luego, bajo la potestad reglamentaria, ponen en riesgo su aplicación, generando inseguridad jurídica. A partir de este análisis, el autor profundiza en aspectos que convendría considerar en la configuración normativa de una futura reforma pensional, a fin de limitar el activismo y la congestión judicial, el desgaste administrativo y operacional de las entidades gestoras, y mitigar la desprotección del Estado a grupos poblacionales expuestos a situaciones de desigualdad e inequidad.

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