Abstract
El ciclo iniciado en 2006 con la reapertura de los juicios por las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales durante la última dictadura en Argentina amplió los alcances de la responsabilidad más allá de los militares y policías que las diseñaron y ejecutaron. Este artículo explora los vínculos existentes entre historia, ciencias sociales y justicia en el marco de las investigaciones patrocinadas por dependencias gubernamentales y en las imputaciones jurídicas sobre la responsabilidad de empresarios en crímenes de lesa humanidad, entre 2010 y 2015. Para ello se analiza un conjunto de fuentes primarias compuesto por informes auspiciados por el Poder Ejecutivo, intervenciones públicas de jueces y abogados querellantes y sentencias judiciales. Se observa, primero, el protagonismo de la interpretación historiográfica economicista que dio a ver una tensión entre la construcción de conocimiento y la búsqueda de justicia. Segundo, la coexistencia de dos posiciones antagónicas: una que promovió la inclusión del contexto histórico como medio de validación de la prueba jurídica en la inculpación penal de los empresarios; y otra que se resistió a dicha incorporación.
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