Abstract

En 2019, México experimentó una reforma educativa promovida por un gobierno del cambio que planteó el derecho a una educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica desde una perspectiva humanista en el marco del proyecto denominado Nueva Escuela Mexicana (NEM). Este artículo expone el camino seguido, por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), para promover y apuntalar en leyes y proyectos la educación inclusiva en favor de la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En este interjuego de planteamientos normativos y acciones generadas por ambas instancias, pretendemos dar cuenta de la concreción de una política en propuestas y acciones, al mismo tiempo que de la complejidad para desarrollar cambios educativos de fondo. Pensar en una política con justicia social que concibe a la educación inclusiva desde un marco amplio que considera las condiciones de exclusión y desigualdad que afectan las trayectorias educativas, y apela a una visión concurrente que garantice una educación equitativa para todas y todos, es un camino emprendido que requiere una participación colectiva. En ese sentido, nos interesa ubicar los avances, pero también los desafíos que presenta esta nueva perspectiva para ponerse en acto entre los distintos sujetos educativos y escolares en el interjuego entre una voluntad política, las especificidades del Sistema Educativo Nacional de México (SEN) y las prácticas sedimentadas en las culturas escolares.

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