Abstract

El Estado como ente de poder público ejerce funciones administrativas encaminadas a suplir las crecientes necesidades sociales. Para ello encarga dichas funciones a la Administración Pública, la que entonces debe poner a disposición de la población los servicios públicos. Los destinatarios de estos se convierten en consumidores activos a través de relaciones contractuales y, por ende, se generan contratos de servicios públicos entre ambos sujetos de derecho. Al ser la Administración la parte privilegiada, por sus amplias prerrogativas, establece cláusulas predispuestas que podrían ser abusivas o generar una excesiva onerosidad. Por lo tanto, se requiere el establecimiento de sistemas de control: legal, administrativo y judicial, que actúen en conjunto y den seguridad jurídica al consumidor al requerir el servicio público.

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.