Abstract

Este artículo hace una revisión crítica, en un marco de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas, de la oferta educativa para intérpretes de lenguas indígenas en América Latina con énfasis en Perú y México. Ambos países cuentan con leyes que garantizan el uso, la preservación, la promoción y la difusión de las lenguas indígenas. La necesidad social de contar con intérpretes certificados o acreditados que faciliten el acceso a los servicios públicos para hablantes de lenguas indígenas ha forzado a los gobiernos a crear políticas públicas para su atención. Nos centramos especialmente en el ámbito de acceso a la justicia, señalando los logros y lagunas en ambos países. La escasez de espacios de formación permanentes en instituciones de educación superior para las combinaciones lingüísticas de español y lenguas nacionales indígenas obligan a definir otro tipo de formaciones donde participan actores institucionales variados, como son los gobiernos federales y estatales, asociaciones de la sociedad civil e instituciones educativas. Los datos proceden de una investigación llevada a cabo en Puebla y Oaxaca (2011-2018), recientemente extendida hacia Perú en el marco de un proyecto de cooperación triangular coordinado por la Universidad de Amberes (Bélgica) y la Universidad Veracruzana (México), en colaboración con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

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