Abstract
La liberalización del sector petrolero representa uno de los cambios más significativos en la política económica mexicana en las últimas décadas, pero hay pocos estudios que evalúen de forma sistemática sus logros contra sus promesas. Este artículo se enfoca en uno de sus componentes claves: las licitaciones petroleras (2014-2017). Se argumenta que el diseño institucional de éstas subordinó su racionalidad económica al objetivo político de abrir el sector a toda velocidad, aun en un entorno de precios internacionales del petróleo adversos, en un intento de asegurar la irreversibilidad de la reforma. A partir de una perspectiva comparada, se muestra que el uso de mecanismos contraindicados para subastas (límites máximos tanto para las regalías adicionales como para los porcentajes de reparto de utilidades que podían ofrecerse, así como restricciones autoimpuestas respecto de la recaudación de bonos en efectivo), afectó adversamente los potenciales retornos económicos que el Estado podría haber obtenido mediante la liberalización; se explica también por qué los ingresos públicos generados en las subastas petroleras fueron sensiblemente menores a los registrados en otros países durante el mismo periodo.
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