Se interpreta que la información gubernamental debe ser expuesta a la legislatura, los órganos de control y a la ciudadanía con el fin de rendir cuentas de lo actuado y deberá permitir, entre otros aspectos, la evaluación de gestión de quienes tienen la responsabilidad de administrar recursos públicos. En nuestra opinión, existe una relación muy importante entre la transparencia en la rendición de cuentas y la gobernanza. Enfatizamos la importancia de incorporar mejores prácticas de gobierno corporativo en el sector público, como generador de valor en la dirección, control de gestión y administración de riesgos en la toma de decisiones a nivel de gobierno central, así como también en las empresas estatales.
 Es por ello que resulta confuso encontrar por un lado normativa emanada de la Secretaría de Hacienda de la Nación (Resolución 25/95 de la SH) que define activo utilizando conceptos perimidos, los que ignoran al patrimonio natural y cultural. Por otra parte, la misma Cuenta de Inversión hace referencia a la transparencia en la rendición de cuentas y también se explican los conceptos que posibilitan que los diferentes usuarios generen las capacidades necesarias para el entendimiento y posterior análisis de las cuentas públicas, para cuya elaboración, entendemos, ignora un patrimonio significativo.
 Si bien en un Estado Constitucional la transparencia a través del acceso a la información pública es considerada uno de los pilares basales del sistema democrático y republicano de gobierno, de investigaciones preliminares surge que existe falta de integridad en la información al no presentar en la Cuenta de Inversión el patrimonio natural y cultural. Es la hipótesis de este estudio que de las normativas referidas al derecho de información pública y administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, entre otras, surge la necesidad de incorporar los avances en la doctrina y tecnología contable para aportar a la accesibilidad y transparencia de la información pública gubernamental. Es el objetivo aportar a la adecuación y/o actualización de la información pública gubernamental en lo referido al patrimonio natural y cultural para mejorar su accesibilidad y transparencia y, con ello, contribuir a conocer objetivamente las potencialidades con que cuenta el país.
 Se realiza una investigación teórica. Se tiene en cuenta que la definición de activo de la Resolución 25/95 de la Secretaría de Hacienda de la nación debe ser actualizada y se seleccionan, entre otras, el derecho de acceso a la información pública (Ley nº 27.275 Derecho a la Información Pública y la Ley nº 25.831 sobre el régimen de libre acceso a la información pública ambiental); la gobernanza y el patrimonio natural y cultural (Ley nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, orientaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE-) y los principios políticos normativos answerability y enforcement. Se realizan análisis críticos y comparativos y se infieren conclusiones. Entre las conclusiones se expresa que se requiere la construcción de un puente entre la normativa vigente y los criterios más a avanzados en cuanto a reconocimiento, medición y exposición de elementos del patrimonio para el Sector Público, respetando en todo momento el espíritu que debe regir a la Contabilidad Gubernamental para representar acabadamente la realidad económica y social de los respectivos Estados.