El conteo de las víctimas dentro del conflicto armado en Colombia demostró la colosal empresa que significaba reparar a todas las víctimas del conflicto. En medio de esta dinámica, los pueblos y comunidades indígenas han estado expuestas a eventos que los han convertido en víctimas tanto de forma individual como colectiva y, por tal motivo, son susceptibles de ser reparados. Dentro de este contexto, con la Ley 1448 de 2011, el Decreto-Ley 4633 de 2011 y los instrumentos jurídicos concordantes generados en los acuerdos de paz, se han propiciado acciones relevantes de reparación diferencial, y en particular en materia de restitución de tierras, cuya genealogía siempre se relaciona con estos hechos victimizantes: desplazamiento forzado, confinamiento, despojo y abandono de tierras. Este artículo pretende monitorear el estado de los procesos de restitución de tierras, su trayectoria y principales avances en materia administrativa, judicial y posfallo; y realizar una síntesis de las sentencias de los jueces de restitución de tierras durante el periodo 2011-2020. La metodología utilizada corresponde a un estudio cualitativo de corte documental que utiliza como unidades de análisis cifras y datos de fuentes oficiales, así como pronunciamientos judiciales, que permiten determinar el estado de los procesos de restitución de tierras y su evolución jurisprudencial en el periodo mencionado. Como resultado de la investigación se identifican mediante cifras la magnitud de los hechos victimizantes y sus víctimas; de otra parte, se presentan los datos correspondientes al estado de los procesos de restitución de tierras a nivel administrativo y judicial. Finalmente, se sintetizan las decisiones judiciales de los jueces de tierras desde 2011 a 2020, mostrando sus principales fundamentos jurídicos e interpretativos, que identifican patrones de decisión judicial dentro de la restitución de tierras para pueblos y comunidades indígenas en Colombia; sin olvidar las dificultades que se interponen para el pleno restablecimiento de sus derechos, a saber: falta de coordinación institucional, intereses mineros y energéticos, segundos ocupantes, amenazas a la seguridad y reaparición de nueva situaciones de violencia y apropiación de recursos.