La jurisprudencia administrativa colombiana, al igual que la francesa, ha admitido que el actuar del legislador puede comprometer la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado. Para ello, se ha acudido a títulos de imputación tanto de naturaleza objetiva como subjetiva, pero recientemente el Consejo de Estado agregó como referente autónomo de imputación la violación de la confianza legítima. Esto, de ninguna manera implica una intromisión indebida del poder jurisdiccional en la libertad de configuración que le asiste al legislador, pues la dogmática administrativa en la materia busca que el Congreso preste la debida atención a la necesidad de regular la transición legislativa, so pena de la asunción de los daños antijurídicos que esta omisión genere. Adicionalmente, es coherente con la esencia de esta figura, que la eventual reparación del perjuicio causado esté sujeta a los parámetros de la pérdida de la oportunidad, atendiendo la probabilidad de acceso a un derecho o beneficio.