Valores constitucionales de la propiedad y la aplicación del concepto «interés general» como fundamento de la potestad constitucional de corrección patrimonial en la extinción de dominio

Abstract

La creciente criminalidad económica a nivel global, producto de los procesos globalizadores de las dos últimas décadas, ha obligado al diseño y la ejecución de nuevas formas de combate contra esta tipología de conductas. La incapacidad del Derecho penal para hacer frente con éxito impulsa el péndulo de las políticas criminales hacia la persecución civil-patrimonial, donde, por una ficción jurídica, se instaura un proceso de naturaleza civil contra los bienes de origen ilícito o cuyo uso devino en actividades contrarias a Derecho. Entre las nuevas formas, encontramos el decomiso civil o sin condena, propio de Europa y Norteamérica, o la variante latinoamericana denominada extinción de dominio. Venezuela se incorporó a las naciones que han implementado la extinción de dominio, no sin antes debatir las polémicas de este instituto basado en las tensiones entre los valores de la Constitución y el derecho de propiedad garantizado por el texto fundamental de 1999.