Abstract
En la sentencia GK c. Bélgica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aborda una vez más las garantías que ofrecen los sistemas exclusivamente parlamentarios de verificación de actas y supervisión de mandatos en los que no se contempla ninguna instancia ulterior de carácter jurisdiccional. Muy pocos países europeos mantienen esta tradicional prerrogativa liberal, típica del parlamentarismo del siglo XIX. El examen de la validez de la renuncia de una senadora belga sirve de pretexto para poner el foco en las deficiencias registradas en el procedimiento parlamentario utilizado, dominado por la enorme discrecionalidad reconocida a la Cámara y la ausencia de garantías frente la arbitrariedad. La resolución de la Corte, sin innovar en exceso, permite confirmar la línea que se había iniciado con decisiones anteriores, en las que profundiza en la vertiente procesal de los derechos incluidos en el artículo 3 del Protocolo Adicional. El caso planteado en GK c. Bélgica ofrece interés al tratarse de uno de los pocos asuntos que escapan del derecho estrictamente electoral y entran de lleno en el derecho parlamentario, con la originalidad añadida de que el sistema belga pertenece al modelo parlamentario puro que, en este caso, se muestra en franco retroceso.
Highlights
Examining the validity of the resignation of a Belgian senator serves as a pretext to focus on the deficiencies registered in the parliamentary procedure used, dominated by the enormous discretion recognized to the senate and the absence of guarantees against arbitrariness
The Court’s judgement, without innovating excessively, allows confirming the line that had been started with previous decisions, in the depth of the procedural approach of the rights included in Article 3 of the Additional Protocol
Belgium offers interest as it is one of the few issues that escapes strictly electoral law and belongs to parliamentary law, with the added originality that the Belgian system belongs to the pure parliamentary model that, in this case, is shown in frank recoil
Summary
Democracia y derechos humanos son dos categorías íntimamente relacionadas en el sistema de protección de derechos humanos amparado por el Convenio Europeo de 1950 (CEDH). La ausencia de límites explícitos y el amplio margen de apreciación conferido a los Estados ha llevado al TEDH a basar sus decisiones en diferentes criterios interpretativos: la mera razonabilidad, el canon clásico de proporcionalidad (débil o estricta) y, también, en la calidad del proceso democrático interno que conduce al acto objeto de controversia. Bélgica permite analizar la controversia en un sistema parlamentario puro de verificación de actas, modelo de control ciertamente residual en Europa y que sólo había sido examinado por el TEDH en una ocasión anterior, si bien. La sentencia de Grosaru reveló el posicionamiento del TEDH contra el modelo rumano de verificación de poderes exclusivamente parlamentario, pero no generalizó esa conclusión al resto de Estados que poseen un sistema semejante.
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