Abstract
La información no es sólo mercancía u objeto de especulación económica. Es un derecho y un acto de justicia. La información no pertenece al propietario de la empresa informativa. Le asiste el derecho a explotar el servicio, sí, pero el derecho de información es un mandato social que le excede. Por ello, las televisiones públicas, nacidas bajo esos principios de pertenencia ciudadana, deberían ser un espacio de libertad y de respeto hacia trabajadores y ciudadanos: los primeros, como mediadores y garantes de la veracidad informativa; los segundos, como sujetos receptores y titulares soberanos del derecho de información.
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