Abstract
Las empresas públicas son entidades a las cuales los Estados han ido atribuyéndoles características hasta convertirlas en una herramienta fundamental para el cumplimiento de sus objetivos. Debido a su utilidad, se ha previsto un régimen jurídico particular que les permita asimilar su funcionamiento a las empresas privadas para que puedan competir en igualdad de condiciones y producir rentabilidad social.
 En el mismo sentido, se ha sugerido que su régimen laboral diste de aquel que impera en el resto del sector púbico. A través de una metodología explicativa, el presente artículo pretende develar el régimen laboral que el legislador ecuatoriano ha previsto para los servidores públicos que trabajan en estas entidades. Desde una perspectiva analítica, se pretende concluir que se trata de un régimen mixto que no concuerda con lo establecido por la doctrina y que requiere ser unificado para evitar interpretaciones arbitrarias.
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