Abstract
La crisis y la declaratoria de emergencia institucional y funcional dentro del sistema de justicia ha originado modificaciones constitucionales y legales, y la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia como una nueva oportunidad de cambio para repensar la función de la magistratura. Dentro de ese marco,el contexto actual, y desde una reflexión crítica, el autor repasa algunas acciones y propuestas reformistas que debe tener en cuenta el referido Consejo. Para ello, identifica los antecedentes históricos y documentales desde la creación de una comisión de reforma judicial ocurrida en 1958; y si bien el fenómeno cíclico de reordenar la justicia se ha expresado haciendo y deshaciendo comisiones, como analiza el autor, hay razones para pensar que el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia es una alternativa para latransformación posible de «lo judicial» y de las demás instituciones tutelares dentro de los parámetros de una justicia democrática y del constitucionalismo democrático, hacia el rescate de la confianzaciudadana y de la calidad del servicio de justicia.
Highlights
Permítasenos repensar algunas líneas bases a la luz de las circunstancias particulares hoy en día; y para una mejor comprensión de nuestro optimismo por la transformación posible de «lo judicial», debemos conocer de dónde venimos y cómo estamos en este crucial tema desde —seguimos insistiendo— la perspectiva democrática constitucional y la función política-social del juez5
Repensar la justicia en tiempos 239 de emergencia y de oportunidades
Summary
Sobre la reforma judicial se ha escrito en demasía y de toda envergadura, como es el caso de la experiencia en América Latina y en el Perú (frondosa bibliografía), al punto de haberse tratado de reemplazar o asociar la voz «reforma judicial» con otras palabras de acuerdo con cada momento histórico, llámese modernización, reestructuración, refundación, reorganización, transformación o cambio. Objetivo que debe ir de la mano con el compromiso para la adopción y el cumplimiento en las respectivas esferas de acción de los poderes judiciales iberoamericanos, de lo que se conoce como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en torno a facilitar el acceso a la justicia en clave inclusiva planteado por las Naciones Unidas. Permítasenos repensar algunas líneas bases a la luz de las circunstancias particulares hoy en día; y para una mejor comprensión de nuestro optimismo por la transformación posible de «lo judicial», debemos conocer de dónde venimos y cómo estamos en este crucial tema desde —seguimos insistiendo— la perspectiva democrática constitucional y la función política-social del juez
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