Abstract
Este trabajo argumenta la necesidad de transitar a una legislación más robusta y específica de reparación integral del daño causado por agentes del Estado durante el periodo de 1973 a 1990, para así otorgar una protección adecuada a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Para eso propone una definición más amplia del concepto de víctima y amplía el listado de medidas que buscan el restablecimiento de la dignidad de las personas. Además, aboga por un despliegue de políticas públicas de reparación integral para las víctimas, directas o indirectas por medio de una coordinación interinstitucional que incorpore el derecho internacional y nacional. Finalmente, aconseja el ejercicio de la memoria y la justicia para no repetir las atrocidades del pasado.
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