Abstract

El artículo explora la participación del sector privado en la generación de una respuesta pública frente a actores que se convirtieron en retadores del monopolio de la violencia estatal, en el marco del último boom de los commodities en Perú. Cierta literatura, enfocada en las relaciones empresas-Estado, explica la preferencia de los empresarios por una política de seguridad con una estrategia formal y pública a partir de factores como la proximidad ideológica con el gobierno, la gravedad de la amenaza a los negocios, el tipo de sector al que pertenece el empresariado, la fortaleza organizativa de las firmas y la existencia de redes particulares. Sin bien estos elementos, en conjunto, ayudan a entender el involucramiento privado en respuestas a actores ilegales, el artículo resalta una explicación complementaria. Los empresarios tienen mayor interés en participar cuando, durante la etapa de implementación, establecen vínculos con capas medias y bajas de la burocracia, con el fin de entregar información y recursos necesarios para la respuesta estatal. La primacía de los vínculos es ilustrada mediante una narración y una comparación subnacional de la participación privada en las respuestas policiales a las extorsiones en el sector de la construcción, entre 2004 y 2015.

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