Abstract

El presente artículo tiene por objetivo estudiar la obligatoriedad del sistema interamericano de derechos humanos a raíz de la reforma constitucional mexicana de 2011 y la relación de México con la principal fuente de dicho sistema: la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, a través de una investigación analítica y documental. Como resultado, se obtiene que México reconoce la obligatoriedad de tal convención, de la jurisprudencia interamericana y del control de convencionalidad, pero lo hace con importantes matices que reducen el impacto del sistema interamericano en el orden jurídico nacional, apoyándose para tal efecto en el artículo 133 constitucional, el cual mandata que todos los tratados internacionales deben estar de acuerdo con la misma. Asimismo, resulta que México se mantiene como un Estado recurrentemente responsable por violar derechos humanos a través de sus actos y normas jurídicas, incluyendo éstas al texto constitucional, como resulta de la lectura de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2011 y 2023.

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