Abstract
La adaptación de la realidad judicial española del siglo XXI al marco tecnológico contemporáneo ha provocado que se acometa una oportuna reforma del orden jurisdiccional social, por vía del RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, especialmente, en términos de digitalización y eficiencia procesal como pasos fundamentales para un sistema judicial más ágil y accesible. En concreto, y en el pleno convencimiento de que la regulación de nuestro proceso laboral admite un claro margen de mejora en lo referente a la ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos, se ha procedido a la modificación de ciertos artículos de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social. Es, precisamente, la disección y evaluación crítica de esta reforma, al objeto de asegurar su suficiencia, así como que cumplen con los objetivos previstos, lo que motiva la existencia de este ensayo.
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