Abstract
El propósito del artículo es contrastar la posición de Carlos Nino (1992) acerca del derecho a un ambiente sano como un derecho colectivo, con la interpretación de M. Florencia Saulino (2015) sobre ese punto. Saulino considera que la postura de Nino sobre este tema sustancial en la situación ambiental actual genera problemas en un sistema concebido para la protección de bienes privados. El señalamiento de Nino sobre el carácter de bien colectivo del ambiente es seguido dos años después por la reforma de la Constitución Nacional Argentina de 1994, que incluyó el tema en su Art. 41. Compromete a las autoridades a proteger el ambiente, hacer un uso racional del patrimonio y la diversidad biológica, proporcionar información y garantizar la educación ambiental. Posteriormente, diversas leyes y proyectos buscaron favorecer el cuidado del ambiente, la educación ambiental, la protección de los bosques y los derechos de los pueblos indígenas. Además, el Acuerdo de Escazú (2018), ratificado por Argentina, establece el derecho de participación y acceso a la información. En este artículo se defiende la postura de Nino, destacando su continuidad en el marco legal vigente. Se resalta, además, el carácter sustancial de la licencia social y la obligación de los gobiernos de informar a la ciudadanía sobre decisiones que afectan a los bienes comunes, y hacer lugar a preguntas y objeciones.
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
