Abstract
La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene como objetivo primordial la puesta en práctica del derecho de acceso de los ciudadanos a la información, para conocer los criterios bajo los que se adoptan las decisiones dirigidas a la aplicación de los recursos públicos, de manera que la ciudadanía pueda fiscalizar de forma directa la actuación de los organismos públicos y privados que quedan bajo el ámbito de la legislación citada, al que también pertenecen los partidos políticos. En el contexto descrito, el objetivo del presente trabajo es evaluar el nivel de transparencia alcanzado por las formaciones políticas en España, a través de la información que facilitan en sus respectivas páginas web oficiales. A tal efecto, se diseñaron sendos índices de transparencia desde la perspectiva organizativa y económica sobre una muestra de partidos políticos con representación parlamentaria desde la instauración de la democracia en España, con el fin de conocer sus puntuaciones de transparencia, así como la relación entre ambos índices a través de la aplicación de un modelo econométrico. Los resultados revelan un escaso nivel de transparencia de la mayoría de las formaciones políticas analizadas, tanto en el ámbito organizativo como económico, detectándose una relación positiva entre los índices de transparencia organizativa y económica, especialmente influenciada por la funcionalidad de las páginas web de dichos entes.
Highlights
The main objective of Law 19/2013 on transparency, access to public information and good governance is to put into practice the right of citizens to access information in order to know the criteria under which decisions aimed at the application of public resources are taken, so that citizens can directly control the actions of public and private bodies, which fall under the scope of the aforementioned legislation, to which political parties belong
Se obtuvo una muestra total de 29 partidos políticos con representación parlamentaria presente o pretérita, cuyas páginas webs fueron objeto de análisis para conocer sus niveles de transparencia, de acuerdo con el diseño de los índices propuestos a tal efecto en el presente trabajo (Apéndices 1 y 2)
Tras el correspondiente trabajo de campo llevado a cabo, visitando de forma exhaustiva cada una de las páginas webs de los 29 partidos políticos seleccionados para examinar el cumplimiento de los cuestionarios propuestos en lo que se refiere a los índices de ITO e ITE, el Cuadro 2 recoge los estadísticos descriptivos de las citadas variables, incluyendo en lo que se refiere al ITO, además de sus valores globales, los correspondientes a cada uno de los subíndices que lo componen
Summary
La transparencia hace referencia a toda actuación pública que muestra, sin ánimo de omitir información, la realidad de los hechos (Oxford University Press, 2020), y se configura como fundamental en un Estado de derecho, pudiendo analizarse desde diferentes perspectivas, tales como la económica, la social, o la medioambiental etc., y ser alcanzada a través de distintos medios, como, por ejemplo, telemáticos o por la vía de las auditorías. A pesar del tiempo trascurrido desde la entrada en vigor en el año 2013 de la Ley de Transparencia, son diversos los estudios que, como posteriormente veremos, plantean la necesidad de materialización de la norma como ayuda a las entidades obligadas, entre las que se encuentran la Administración Pública y el conjunto de entidades privadas receptoras de subvenciones públicas, puesto que la transparencia implica la comunicación proactiva con los ciudadanos para dar cumplimiento al contenido de los conceptos de publicidad activa y buen gobierno anteriormente definidos, sin que al margen de los citados conceptos fundamentales de transparencia exista una norma que obligue a las formaciones políticas a la publicación de documentos concretos con el objetivo de ser transparentes de cara a los grupos de interés, cuestión que ha sido denunciada por diversos organismos desde la aprobación de la norma. A tenor de la legislación vigente y la literatura revisada, se observa la ausencia de un sistema de evaluación de la transparencia, junto con un régimen sancionador para aquellas organizaciones que no cumplan con sus deberes, por lo que es de esperar que en un futuro no demasiado lejano se modifique oportunamente la normativa en vigor para dar cabida a las reivindicaciones expuestas en aras de un mayor y mejor nivel de transparencia de los sujetos obligados
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