Abstract

El progresivo y sistemático desenvolvimiento de la orientación autoritaria legalizada del gobierno de Daniel Ortega, a partir de abril de 2018, ha tenido como objetivo incrementar el poder de injerencia y control gubernamental sobre el sistema universitario, aumentando la cobertura y matrícula estatal, sometiendo a las universidades privadas que aún permanecen legalizadas. Este artículo expone y analiza información documental y periodística, respecto de la cancelación de personalidades jurídicas y confiscación de recintos de educación superior en Nicaragua y, las reformas a la Ley Nº89 de 1990, de Autonomía de la Educación Superior. El resultado de este conjunto de procesos se verificaría en cinco hechos concretos: La ilegalización de casi tres decenas de instituciones de Educación Superior, los efectos de la ilegalización en el subsistema de Educación Superior; la proliferación de universidades nacionales; la instrumentalización de estas nuevas instituciones como medios de control y adoctrinamiento político, y la reconfiguración de la estructura y funciones del Consejo Nacional de Universidades (CNU) a partir de las reformas a la Ley Nº89 de 1990. En definitiva, este proceso tiende a la pérdida absoluta de la autonomía universitaria nicaragüense.

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