Abstract
El modelo de democracia que se deriva de la Constitución española aprobada en 1978 se ha intentado definir a través del uso de instrumentos de participación electoral/representativos e instrumentos de participación directa. No obstante, el vértigo de un constituyente timorato, una interpretación restrictiva de la jurisprudencia constitucional y una práctica perezosa han convertido en marginales los instrumentos de participación política semidirecta. Con este complicado marco de partida, el presente trabajo intenta describir los problemas con los que se ha encontrado el reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular, valorar cómo se ha gestionado en la vida política ese instrumento de participación ciudadana y, por último, hacer propuestas que pudiesen revitalizar el ejercicio popular de ese mecanismo para que el Cuerpo Electoral pueda colaborar efectivamente en el proceso legislativo junto con las Cortes y el Gobierno.
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