Abstract

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) ha solicitado una modificación de su Estatuto para hacer frente a los retos derivados de una carga de trabajo cada vez mayor. El objetivo es redefinir la competencia de los órganos jurisdiccionales de la UE con el fin de permitirles seguir cumpliendo, en un plazo razonable, la misión que les han asignado los redactores de los Tratados en el artículo 19, apartado 1, del Tratado de la UE (“TUE”), a saber, garantizar que “en la interpretación y aplicación de los Tratados se respete el Derecho”. La reforma prevé concretamente una transferencia parcial de las competencias interpretativas al Tribunal General (“TG”), combinada con la facultad del TJUE de tratar asuntos de especial relevancia. Además, la posibilidad de interponer un recurso ante el TJUE se limitará si las salas de recurso de las agencias de la UE ya han llevado a cabo una revisión jurídica en primera instancia. Una serie de salvaguardias evitarán una situación en la que el reparto de la carga de trabajo por dos órganos jurisdiccionales distintos pueda tener un efecto negativo en la uniformidad y coherencia de la jurisprudencia.

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