Abstract

El Trienio Regenerador (1923-1925) que caracterizó la primera etapa de la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera, dio paso a un autoritarismo de corte corporativista que, tomando como ejemplo el sistema de la Italia fascista de Mussolini, buscó la militarización de los estamentos sociales. Uno de los principales artífices de esta política de sometimiento fue el Ministro de Gracia y Justicia Galo Ponte Escartín, empeñado en una batalla legal para doblegar a la Administración de Justicia y al Poder Judicial. En 1928 presentó un Proyecto de Ley en el que se equiparaba a los profesionales de la abogacía con los funcionarios públicos, pero el Colegio de Abogados de Badajoz lideró la defensa del Principio de Independencia y la Libertad de Toga, sumó al resto de corporaciones y se convirtió en uno de los instrumentos destinados a socavar los fundamentos del Régimen.

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