Abstract
Este trabajo realiza un análisis crítico de la Resolución 0038-2007 del 5 de marzo de 2008 del entonces Tribunal Constitucional ecuatoriano, por la cual se declaró inconstitucional la exigencia de adscripción obligatoria a agrupaciones gremiales contenida en treinta disposiciones legales, por entenderla contradictoria con los derechos a la libre empresa y de asociación consagrados en los numerales 16 y 19 del artículo 23 de la entonces vigente Constitución Política; tanto para demostrar la poca solidez técnica de sus argumentos como, fundamentalmente, para evidenciar los efectos negativos que produjo sobre el control de las reglas éticas y deontológicas, al privar a los colegios de sus poderes de vigilancia, corrección y sanción sobre toda la actividad profesional.
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