Abstract

El presente artículo analiza cómo la dinámica interventora del Estado colombiano en las actividades económicas, ha incidido en el incremento de consultas populares en temas mineros. Ésta se presenta como un instrumento mediante el cual la comunidad hace frente al otorgamiento desproporcionado de títulos mineros que no cuentan con el requisito de participación de la comunidad afectada o benefciada. Además, se proponen estrategias que el Estado debería adoptar para garantizar el bien común y el interés general acorde con los fnes constitucionales de guiar la economía bajo parámetros del desarrollo sostenible. 

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