Abstract

El presente comentario jurisprudencial trata sobre la Sentencia 10/2024 del Tribunal Constitucional. El debate jurídico que da pie a la sentencia surgió a raíz de la convalidación del Real Decreto-ley 36/2020, pues en opinión de una diputada del Grupo Popular, el Gobierno no remitió la debida información al Congreso en relación con el real decreto ley. El Tribunal Constitucional valora en qué medida pudo haber afectado esta falta de información al ius in officium de los parlamentarios y parlamentarias; más concretamente, se examina si la falta de informes técnicos, que habitualmente suelen acompañar a los decretos leyes, puede acarrear una vulneración del ius in officium. Cabe destacar que el ius in officium puede estar en riesgo en dos momentos clave: a la hora de convalidar el decreto-ley por una parte y, por otra, al tramitar el decreto como un proyecto de ley. Ante esta situación, existe un debate notable entre lo que estrictamente exige la ley y lo que aconsejan los principios parlamentarios. El Tribunal Constitucional aboga por una solución positivista, pero sin ignorar del todo los principios. Finalmente, se incluye una breve reflexión sobre el efecto que esta sentencia ha podido tener en el equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo.

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