Abstract
El 10 de noviembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional 135/2021 promovida por la Universidad de Guadalajara (UdeG), por actos del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco consistentes en la omisión de transferir 140 millones de pesos a dicha Casa de Estudio, los cuales habían sido aprobados y asignados en el presupuesto estatal para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Posteriormente, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco interpuso el recurso de reclamación 137/2021-CA y, finalmente, el 9 de febrero de 2022, la Primera Sala resolvió desechar la controversia constitucional por mayoría de cuatro votos, con voto particular de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. A pesar de que la controversia constitucional fue desechada, brinda la oportunidad para reflexionar sobre la finalidad y evolución de este medio de control constitucional y sobre la legitimación de las universidades públicas autónomas para promoverlo.
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