Abstract

Estudios recientes han mostrado que la minería no solo es una de las más grandes consumidoras de agua, sino que es la gran concentradora de concesiones hídricas de nuestro país. Esta situación pone en relieve uno de los ejes de las luchas socioambientales entre las comunidades donde están los yacimientos y las empresas mineras, puesto que el modelo extractivo minero representa en su conjunto una modalidad económica excluyente y que destruye las bases de vida campesina. Los impactos socioambientales que provoca la actividad minera se refieren a la apropiación de las fuentes de agua, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, agotamiento de manantiales y arroyos, y la contaminación de líquido. Para las comunidades esto resulta fundamental pues el agua es un elemento esencial para la vida campesina, no solo porque es vital para la alimentación, salud y sobrevivencia de las personas, sino también para la continuidad de las formas agroproductivas así como para mantener los ecosistemas. Esta preocupación se refleja en las argumentaciones de las luchas socioambientales comunitarias, que cuestionan las actividades mineras en sus territorios, como se muestran en varias luchas en el país, lo que pone énfasis en la importancia del agua para la vida de los pueblos.

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