Abstract
La política de gestión diferenciada de residuos para grandes generadores impulsada por la autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires en el año 2013, auguraba un cambio sustancial en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Con su entrada en vigencia, los grandes generadores debían gestionar sus propios residuos separándolos en al menos dos fracciones (reciclables y no reciclables) y asumir el costo de su transporte y tratamiento. Dichas normativas buscaban además promover la inclusión social de los recuperadores urbanos habilitando su participación mediante la organización de cooperativas. Desde un enfoque de las políticas públicas como proceso, este trabajo expone análisis iniciales sobre los efectos que dicha política ha venido teniendo sobre actores que la protagonizan.
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