Abstract

La Convención Interamericana Contra la Corrupción de 1996 fue el primer tratado firmado para combatir la corrupción en el ámbito transnacional. La Convención fue adoptada debido al creciente interés de la Organización de los Estados Americanos en proteger la democracia en la región, particularmente en relación con la corrupción y otros vicios de los gobiernos electos. En ese sentido, la Convención promueve la convergencia de los marcos nacionales anticorrupción y la cooperación internacional en casos de corrupción transna­cional. Para mejorar su eficacia, en 2001, la Organización creó un Mecanismo de Seguimiento basado en la cooperación técnica y consensuada. En 2016 se dio un paso más con la creación de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la cual fue terminada en 2020 por el Gobierno de Honduras para proteger la soberanía nacional. La Convención demuestra que la mayor debilidad de las respuestas supranacionales a la co­rrupción es la falta de mecanismos internacionales de aplicación. Para hacer frente a esa situación, la Organización de los Estados Americanos ha creado instrumentos flexibles para supervisar el cumplimiento de la Convención basados en la cooperación y colaboración de los Estados. Sin embargo, la defensa de la soberanía nacional (debido al principio de no intervención) y la fragilidad del Estado para implementar políticas anticorrupción han creado nuevos desafíos.

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