Abstract
Existen múltiples investigaciones relacionadas con la violencia escolar, la mayoría tratando aspectos psicosociales y educativos. Sin embargo, faltan trabajos que aborden los aspectos administrativos y legales. Este artículo forma parte de una investigación más extensa, que comienza con una revisión del marco legislativo, y en la cual se comprobaron los aspectos que merecen mayor atención y las posibles causas del incumplimiento de las normas. El análisis documental de partes disciplinarios y expedientes sancionadores ponen de manifiesto la existencia de múltiples errores en la tramitación. Cuando los centros educativos tienen que adoptar medidas sancionadoras, es importante que el procedimiento no quede invalidado o pueda ser denunciado en los tribunales de justicia. Un cuestionario aplicado a los profesores, reveló que se sienten poco preparados para desempeñar esta función. A partir de los resultados obtenidos, se sugiere abordar la necesaria adaptación de la documentación elaborada en función de su autonomía, con la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, y concretar aquellos aspectos que hagan del centro un lugar de convivencia, optimizando recursos en el marco de la legislación. Finalmente, se ofrecen conclusiones relacionadas con la necesidad de facilitar a los centros protocolos de actuación, y abordar procesos específicos de formación del profesorado.
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