Abstract

El problema de la obligación política, esto es, el tipo de vínculo que existe entre los ciudadanos y la comunidad política en la que ellos son miembros, engloba una buena cantidad de subtemas de enorme complejidad. Uno de estos es la cuestión acerca de si las personas que no gozan de un reparto apropiado de bienes y cargas tienen el deber de someterse a la autoridad del derecho. Muchose ha escrito sobre los requisitos que debe satisfacer la distribución para ser justa y generar obediencia; pero no se suele examinar la posibilidad de que el derecho sea capaz de conservar su fuerza normativa en casos de injusticia (no extrema). En este trabajo se asume el desafío de abordar aquel punto complejo, el cual es de especial interés en el contexto de los Estados democráticos latinoamericanos. Mediante una combinación de la teoría del fair play, el deber de apoyar las instituciones justas y un principio de bien común (una teoría de múltiples principios) se buscará defender la tesis de que incluso en esquemas justos o casi justos, dondela distribución de bienes y cargas puede resultar un tanto deficitaria, prima facie los ciudadanos tienen un deber de obediencia hacia el derecho.

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