Abstract
El derecho a una buena Administración pública implica que los ciudadanos tengan el derecho de acceder a servicios públicos eficientes y transparentes. Sin embargo, uno de los principales desafíos para la materialización de este derecho es la corrupción pública ya que se corrompe la distribución de recursos y servicios públicos y se rompe la confianza que tiene el ciudadano con el funcionario público. Ante este desafío, la respuesta se ha centrado en castigar a los funcionarios corruptos por medio del Derecho penal sin abordar las causas subyacentes de la corrupción ni su prevención. Al desarrollar el presente estudio, se llega a la conclusión de que se deben plantear estrategias integrales para no solo sancionar, sino que prevenir la corrupción dentro de la Administración pública.
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