Abstract
El caso Gelman supuso la condena de Uruguay por violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal; a la familia, al nombre, a los derechos de los niños y niñas y a la nacionalidad, a la protección de la familia; a las garantías judiciales y a la protección judicial y por haber incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Amparado en la legitimidad democrática de los referéndums que convalidaban la Ley de Caducidad, Uruguay ha prorrogado la impunidad de los crímenes de la dictadura no ejecutando la sentencia. El autor critica la validez de estos argumentos exculpatorios de este incumplimiento sobre la base de diversas razones.
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