Cuestiones controvertidas en torno a las instancias de control deontológico de los periodistas en el ámbito del derecho a la información

Abstract

El derecho a la información es un pilar fundamental del Estado democrático del que los periodistas no son los únicos titulares aunque son los que lo ensalzan. Por otro lado, no existe una definición concreta de estos sino una que podría considerarse ambigua ofrecida por el Tribunal Constitucional para evitar, efectivamente, una interpretación inconstitucional del derecho a informar y las garantías en su ejercicio. La deontología profesional de la actividad periodística, recogida en diferentes códigos deontológicos, pretende proteger a los periodistas, a la información y al propio derecho a informar por la repercusión que tienen en la opinión pública libre, institución política fundamental en un Estado democrático. Sin embargo no puede hacer efectiva esta función protectora porque no existe control respecto a las infracciones que se puedan cometer. Y no existe este control porque no se ha llegado a un consenso respecto a la naturaleza que debe regir tal control, pública o privada. Esto facilita que los medios sobrepasen los propios códigos tratando la información como mercancía que se puede manufacturar y hasta fabricar, dada la presión del mercado por ser mejores, con lo que la actividad de los profesionales de la información queda supeditada a aquéllos, con las consecuencias que conlleva para la formación de la opinión pública y el propio Estado democrático.The right to information is a fundamental pillar of the democratic State of which journalists are not the sole holders although they are the ones who extol. On the other hand, there is no a concrete definition of these but one that might be considered ambiguous offered by the Constitutional Court to avoid, really, an unconstitutional interpretation of the right to inform and the guarantees in its exercise. Professional ethics of journalist activity, gathered in different codes of conduct, aims to protect journalists, information and the right to inform itself about the impact they have on the free public opinion, fundamental political institution in a democratic State. Nevertheless it cannot make this protective function effective because there is no control over the offenses that could be committed. And this control does not exist because it has not come near to a consensus regarding the nature that must govern such control, public or private. This facilitates the media exceed the codes themselves treating information as a commodity that can be manufactured and be manufactured, given the market pressures to be better, so the activity of information professionals is subordinated to those, with the consequences that it carries for the public opinion formation and the democratic State itself.